Balance preliminar de la indignación


Cuando apenas han transcurrido unos meses desde la irrupción del movimiento de los indignados ante la opinión pública, vale decir, desde su visibilidad como fuerza emergente con vocación de intervenir en el devenir del todo social, ya se puede ir esbozando un balance provisional de los logros e impactos que está teniendo en la sociedad española.

Logros que, por ir adelantando ese balance, cabe calificar de cualquier forma menos de epidérmicos. 

Máxime todavía cuando se trata de un movimiento de tan corta existencia y, por añadidura, con un relajamiento de su actividad durante el periodo estival, cuando la vida social y política, la acción colectiva incluida, se ralentizan.

Impacto no es lo mismo que éxito

Por arrancar con una clarificación terminológica, que es mucho más que un ejercicio de estilo: hablaremos indistintamente de impactos, logros, consecuencias o efectos del movimiento de los indignados, pero ninguna de estas etiquetas con viene confundirla con un éxito. 

Y ello por una sencilla razón: el éxito de cualquier movimiento guarda relación con la consecución de los objetivos programáticos pretendidos, explicitados. En el caso de los indignados, concurren varias razones que nos previenen de hablar de éxito. 

En primer lugar, en estos meses el movimiento no ha fraguado (ni tampoco ha pretendido hacerlo) una tabla reivindicativa defendida por el conjunto de organizaciones reales y/o virtuales que participan de él. La exigencia genérica de «democracia real» figura en el frontispicio de las movilizaciones, algo que pasaría, entre otras medidas esbozadas, por una reforma del sistema electoral que hiciese de la democracia representativa española un reflejo mucho más fiel de la pluralidad política de la sociedad (en la legislatura que se ha cerrado, al PSOE un escaño le «costó» 66.800 votos; al PP, 66.740; a IU, 485.000), así como por la implantación de mecanismos de democracia directa como la celebración de referendos y consultas ciudadanas que acerca sen a la realidad ese principio normativo que concibe la democracia como el sistema que pone potencialmente la política al alcance de todo el mundo.


En ese «programa» de contornos difusos figura asimismo una serie de medidas orientadas a la consecución de una justicia social en sentido redistributivo que acote un darwinismo social rampante, entre ellas, una subida impositiva a las grandes fortunas o el aumento de los impuestos a los beneficios de las grandes empresas y, en particular, de los bancos.

Con todo, el movimiento parece rehuir la definición programática, esto es, la formulación de medidas precisas, sabedor tal vez de que es más sencillo sumar apoyos para la movilización a partir de una emoción de valencia negativa como es la indignación, que hacerlo a través de una concreción propositiva potencialmente divisoria de la base social ideológicamente variopinta del movimiento, integrada por personas desde reformistas hasta anticapitalistas pasando por ciudadanos que muestran su hartazgo por la falta de expectativas sin recurrir para ello a un marco ideológico en exceso elaborado.

Sea como fuere, aunque el movimiento fuese capaz de pergeñar una batería de reivindicaciones concretas, su «éxito» habría que ponderarlo después de poner en un platillo de la balanza lo exigido y en el otro lo logrado. 

En sociedades democráticas, en las que a los actores sociales y políticos se les supone una disposición al compromiso (o, lo que es lo mismo, una renuncia a las verdades absolutas), resulta realmente excepcional que movimientos sociales de una escala de movilización considerable (en términos de gente movilizada) y sostenida hayan visto instauradas sus exigencias tal cual, sin ser tamizadas, procesadas y diferidas a un futuro más o menos lejano por el sistema representativo de adopción de decisiones.

No fue desde luego el caso, por ejemplo, de las olas movilizatorias contra el uso de la energía nuclear a lo largo y ancho del continente europeo en las décadas de 1970 y 1980, que, pese a su carácter masivo, no alcanzaron ni a corto ni a medio plazo su exigencia de cierre inmediato de las centrales nucleares (en Alemania, por ejemplo, el movimiento antinuclear verá definitivamente satisfecha esa exigencia… ¡en el 2020!; en otros países como España todavía no hay fecha definitiva de parón nuclear).

Para terminar con esta precisión conceptual, cuando se aborda el problema de los impactos de los movimientos sociales, de cualquiera, siempre queda la duda de su trazabilidad. Es decir: que se produzca un resultado concreto en el sistema político suele ser el resultado de la confluencia de una serie de factores
intervinientes de los que la acción de los movimientos sociales es uno más, en algunos casos el decisivo, en
otros re sulta intrascendente y, en la mayor parte de los casos, se trata de un factor de relevancia imposible de determinar. 


Por ilustrarlo con un ejemplo cercano: la supresión del servicio militar obligatorio y de la prestación social
sustitutoria en España en el año 2001 fue un desenlace al que, sin duda, contribuyó el movimiento de objeción de conciencia que venía protagonizando desde una década antes una estrategia de desobediencia civil, la insumisión a ambas expresiones de la conscripción. 

La consecuencia final, la profesionalización del ejército, entraba en contradicción con el marco categorial del movimiento, que se había propuesto como meta la abolición de los ejércitos. Difícilmente, pues, cabía hablar de un éxito desde el punto de vista de los objetivos definidos.

Se podría, en todo caso, hablar de un efecto no intencionado del movimiento. Pero hay más: la profesionalización del ejército fue el fruto de un amasijo de factores, entre los que destaca la disfuncionalidad de la conscripción universal masculina en la era de la guerra tecnológica, en la que lo decisivo no es tanto el número de reclutas como su cualificación. 

Que la supresión de la conscripción en España no fue consecuencia únicamente de la actividad del movimiento lo muestra el hecho de que otros países hayan seguido ese mismo camino, si bien después que España (y en los tiempos de implantación de la medida sí que se puede poner en primer plano al movimiento), sin haber su frido la presión desobediente de un movimiento social que, por lo demás, gozaba de un notable ni vel de simpatía social, en particular en el País Vasco y Navarra.

Una movilización desde abajo que apunta hacia arriba

Las razones que explican la ocupación de las calles y plazas españolas, con la Puerta del Sol madrileña convertida en epicentro y símbolo de las movilizaciones, han sido ya lo suficientemente puestas de manifiesto en multitud de análisis como para que a estas alturas sea necesario abundar en ellas. 

Por expresarlo de forma resumida: las nuevas tecnologías de la comunicación han servido de catalizador para que sectores considerables y diversos de la sociedad hayan manifestado su hastío movilizándo se en la calle en una coyuntura de profunda crisis económica que afecta, en cuanto al empleo, a uno de cada cinco ciudadanos en edad de trabajar, y alrededor del cuarenta por ciento de los jóvenes que desean hacerlo. 

A los efectivamente movilizados y movilizadas conviene añadir, como modo de calibrar en su justa medida el grado de penetración del movimiento en la sociedad, que la expresión difusa de simpatía hacia los movilizados y aquello que representan (tal y como se desprende de los estudios demoscópicos disponibles
al respecto hasta la fecha, por ejemplo, el publicado en El País el 5 de junio del 2011 o el estudio de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] del pasado junio, número 2905) es asimismo un activo importante que da a en tender (como por lo demás es el caso de toda experiencia de acción colectiva, bien que en diferentes grados según el caso específico) que su base social de apoyo es muy superior a la base social efectivamente movilizada.

Si el movimiento de los indignados ha alcanzado el protagonismo político, social y mediático al que asistimos es, desde luego, gracias a quienes han tomado la calle en ejercicio de su condición ciudadana responsable. 

Ahora bien, sin el grado de simpatía y el colchón social de apoyo entre la población general que los análisis demoscópicos vienen poniendo de manifiesto, sin duda el alcance de su impacto habría sido, estaría siendo,
sustancialmente menor.


La respuesta neoliberal que la clase política dominante (la gobernante y la que aspira a hacerlo) ha ofrecido, está ofreciendo, es la otra cara indisociable de la crisis económica. Una clase política esclerotizada, incapacitada para cumplir con una de las tareas que le dan su razón de ser en una política democrática, cual es tomar el pulso ciudadano y llevar sus inquietudes hasta la esfera resolutiva de la política.

Una clase percibida crecientemente (si hacemos caso a esos mismos estudios demoscópicos, como los realizados por el CIS) más como parte del problema que de la solución; una clase, por añadidura, socialmente desprestigiada al nutrirse demasiado a menudo de individuos más preocupados por «vivir de la política» (echando mano del bolsillo común, dado el caso) que de ofrecer lo mejor de sí mismos a la cosa pública; una clase, en fin, incapaz de hacer valer su autonomía y margen de maniobra frente a los poderes económicos y políticos globales. 

Esa clase, decíamos, ha dado múltiples y reiteradas pruebas de su incapacidad para arbitrar salidas a la crisis que no pasen por la complacencia y sumisión a esa metonimia del poder económico que se ha dado en llamar «los mercados». 

Su respuesta —percibe el movimiento y con él muchos ciudadanos y ciudadanas— pasa por la capitulación
ante el aserto TINA, ese «there is no alternative» que Margaret Thatcher ele vó a la categoría de dogma en la década de 1980 y que nunca ha dejado de estar de actualidad desde que el discurso neoliberal y su imperativo desregulador consiguió presentarse como la única respuesta posible ante las fluctuaciones
del ciclo económico a nivel nacional y global.

Al movilizarse guiados por una sensación de injusticia, por un sonoro «¡no hay derecho!», esos mismos individuos, con la juventud como tractor fundamental, pero ni mucho menos exclusivo, se toman en serio su papel de ciudadanos activos (valga la reiteración; la condición de ciudadanía implica la posibilidad, y conlleva la exigencia, de intervenir en la vida social y política, bien sentado que colocando el bien público en el frontispicio de su proceder) y optan por intervenir en su destino colectivo con el principal recurso a su disposición: la movilización del mayor número posible de forma sostenida en la esfera pública. 

Puesto que en los foros representativos no pueden intervenir porque ni es su espacio ni tampoco están legitimados para ello, y quienes intentan hacer las veces de correa de transmisión de sus valores e intereses son relegados a pa peles testimoniales merced a una ley electoral que hace al gran de más grande, y al pequeño lo jibariza, al actor-movimiento no le queda otra opción que la ocupación física y simbólica de la calle. 

Se entabla así una dinámica de ejercicio de influencia que constituye el principal vector de todo movimiento so cial, también el de los in dignados, en una esfera pública democrática. Una in fluencia orientada, en sentido amplio, a domeñar unos mercados des bocados, es decir, a poner la economía al servicio del interés común y no a la inversa.

La influencia como eje

Dicha influencia desde abajo apunta a dos destinatarios: el sistema político y la sociedad en general. Por un lado, el movimiento, en tanto que parte de la sociedad civil, intenta influir en la toma de decisiones por parte del sistema de autoridades (o, lo que para el caso viene a ser lo mismo, orientarle en su indecisión) para que este último adopte un curso de acción diferente al que hubiese tomado de no haber mediado el movimiento. 

La influencia, nótese porque es lo que la distingue del poder (y de la violencia), opera de forma simultánea en una doble dirección: primero, insufla en el debate público unos argumentos relativos al diagnóstico (y a la terapia) a las crisis económica y política distintos a los ofrecidos desde el sistema de autoridades y sus apoyos mediáticos y/o académicos; y segundo, los presenta de forma pacífica en la esfera pública con el concurso de una nutrida cantidad de ciudadanos.

La alianza de estos dos factores lubrica el engranaje y da sentido a una democracia que se quiera rica y dinámica. Esta influencia, llamémosla política, será tanto más efectiva cuanto mejor acompasados vengan ambos factores, es decir, la calidad de los argumentos y el número de sus avalistas que tapen la calle.

Cuando ha transcurrido aproximadamente medio año desde su aparición pública, el movimiento de los indignados puede arrogarse algunos logros de esta naturaleza.

Temas que antes de la irrupción del movimiento en la vida pública permanecían orillados en el debate político (como el de la reforma electoral) o que, en todo caso, parecían haber abandonado su epicentro (como la política impositiva de los ricos y los bancos, la regulación de los mercados o el desmantelamiento
y mercantilización de servicios públicos como la sanidad o la educación) han pasado a figurar en el primer plano de la discusión política.

A falta de éxitos sustantivos, la capacidad de condicionar la agenda política, de introducir esos temas relativos al bienestar colectivo hasta figurar en el primer plano de la discusión pública (medios de comunicación, foros representativos, etc.), es una primera consecuencia de la intervención del movimiento de los indignados que merece la pena destacar. 

No es que, por rescatar el problema de la trazabilidad, algunos de esos temas no hubiesen fi gu rado en la
discusión pública en cualquier caso, pero ¿serían los mismos tanto el momento como la intensidad del debate sin la intervención del movimiento?

Primera consecuencia, pero no la única. Por incipientes que sean, y por difícil que resulte entrever su alcance, se adivinan asimismo en el horizonte unos impactos del movimiento de los indignados que, quién sabe (al tiempo), tal vez encajen en la categoría de «estructurales». 

Se trata de ese tipo de impactos que implican una modificación del campo de juego político gracias a la intervención de un movimiento social. 

Tal vez resulte exagerado etiquetar como un impacto estructural la
decisión de un veterano parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que había hecho pública hacía tiempo su decisión de no presentarse de nuevo a las elecciones pero que, a la luz de la irrupción del movimiento de los indignados, ha decidido reconsiderar su decisión y concurrir de nuevo a las elecciones del 20-N. 

De lo que no cabe duda, porque así lo ha confesado el interesado, es de que si el movimiento no hubiese visto la luz, su dilatada trayectoria política en primera fila habría tocado a su fin. 


Es probable, quién sabe, que haya ciudadanos que, como él, se hayan sentido estimulados al compromiso
partidista y hayan pasado a integrar las listas de partidos minoritarios. 

Eso sería un impacto difuso de imposible cuantificación, pero impacto real en todo caso, en la medida en que aquellos no hubiesen procedido del mismo modo sin la presencia de la indignación en la calle y del impacto en su vocación de servicio público por medios más convencionales como es la concurrencia a unas elecciones en las listas de un partido político. 

En este sentido, tal vez el movimiento haya catalizado la repolitización de una juventud demasiado a menudo contemplada como apática y desafecta de la política.

Se puede especular con otro impacto estructural más. Para ello habrá que estar atento a los resultados electorales y a posibles alteraciones de la estructura política, y comprobar si se ha producido una reconfiguración del mapa político, en la medida en que unas fuerzas minoritarias socialmente, pero ultraminoritarias en el Parlamento, aumenten su representación electoral.

Entonces sabremos si la recomendación del movimiento a la ciudadanía de no apoyar con sus votos al duopolio que protagoniza con mano de hierro la vida política española, PSOE y PP, redunda en beneficio de otras opciones, como IU. 

Si así fuese, y esta opción incrementase su número de escaños, no sería del todo descaminado el pensar
(de nuevo sin perder de vista el problema antes señalado de la trazabilidad de los efectos) que algo habría tenido que ver en ello el movimiento de los indignados.

Tal y como hemos adelantado, hay otro tipo de influencia que se pone de manifiesto en el ejercicio de comunicación que supone toda movilización en la esfera pública. Es la que el movimiento ejerce en el conjunto de la sociedad difundiendo sus planteamientos y atrayéndose la simpatía y el apoyo de sectores más o menos significativos de la población. 

Es importante llamar la atención sobre este pilar de la influencia, digamos ahora que social, porque en última instancia también es política en el sentido estrecho y convencional del término.

En sistemas democráticos los ciudadanos votan, y no en raras oca siones lo hacen en función del posicionamiento de los acto res políticos en temas traídos a colación por los movimientos sociales. 

La sensibilización ciudadana, la pedagogía política iniciada en el caso que venimos analizando por los indignados, hará que una cantidad de ciudadanos imposible de cuantificar, pero en cual quier caso no despreciable, se plantee su voto (o voto en blanco, o nulo, o abstención) en función de lo que los partidos
políticos que se someten al escrutinio tengan que decir al respecto de la regeneración de la democracia o de la batería de medidas para afrontar la crisis económica. 

La influencia social, desde esta perspectiva, es también in fluencia política indirecta. Además de los impactos inmediata y mediatamente políticos, hay un tercer tipo de consecuencia de la actividad del movimiento que tiene que ver con el impacto en la biografía de sus participantes más activos y comprometidos. 

Ya hemos especulado con la posibilidad de que la participación en el movimiento actúe en el caso de algunos individuos como detonante para su implicación en la política formal, a través de lospartidos políticos. 

Fue el caso de muchos de los participantes en la campaña Freedom Summer en la década de 1960, por la cual diversos estudiantes norteamericanos se implicaron en la tarea de convencer a los afroamericanos de algunos estados del sur de los Estados Unidos para que se registrasen en el censo electoral, requisito previo exigido por la ley electoral de aquel país. 

Décadas después de ese periodo in tenso de socialización política, los participantes en esa campaña seguían comprometidos de diferentes maneras en la lucha por la justicia social y racial en los Estados Unidos. 


Una experiencia intensa de acción colectiva había condicionado su trayectoria vital. Otro tanto puede decirse de los estudiantes franceses, alemanes, italianos, estadounidenses o británicos que en 1968 y años posteriores desafiaron los códigos culturales, sociales y políticos de sus sociedades; su impacto todavía se deja sentir hoy en nuestras sociedades (y su esfuerzo por erradicarlo: Merkel y Sarkozy protagonizaron hace dos legislaturas sendas campañas arremetiendo contra la herencia «hedonista» e «irresponsable» de sus respectivos achtundsechziger y soixantehuitards). 

Eran, desde luego, otros los motivos tractores de la implicación en la acción colectiva, otras las circunstancias, otros los momentos, pero la pauta se repite: un intenso compromiso político marca un punto de inflexión en la biografía de un individuo para quien, sobre todo si es joven, tiene consecuencias durante toda la vida. 

El caso del movimiento de los indignados bien podría entrar en este patrón para todos esos jóvenes y no tan jóvenes que ocuparon durante se ma nas las plazas y calles españolas. El movimiento —me rece la pe na consignarlo— dio pie a la denominada Spa nish Revolution, que ha servido de inspiración a luchas con un trasfondo similar en países como Israel, Chile o Brasil. Inspiración que, de momento, no ha sido suficiente para trascender el ámbito nacional de movilización.

Una oportunidad aprovechada: ¿y dos?

Es indudable que, si de lo que se trataba era primero de atraer y luego de mantener la atención política y
mediática, el contexto de oportunidad de las movilizaciones inauguradas el 15-M no podía ser más propicio.
El movimiento de los indignados se dio a conocer con ocasión de una cita electoral en marzo pasado.

La escala de su movilización (miles de personas implicadas), la originalidad de la forma de acción (acampadas en plazas públicas emblemáticas), la difusión geográfica alcanzada (las principales capitales
de provincia asistieron a una acampada) y sus medios no convencionales, pero pacíficos, convirtieron en mediático un fenómeno cuyas reivindicaciones la clase política no se podía permitir el lujo de orillar en pleno periodo electoral, esto es, el (¿único?) momento en que en toda democracia representativa se lubrican los canales de comunicación entre políticos y ciudadanos.

El hecho de que a las elecciones del 22-M (locales, autonómicas en muchas comunidades, forales en el País Vasco y Navarra) y las del 20-N (Parla mento español) las separen seis meses representa una ventana de oportunidad in dudable para las movilizaciones, una vez constatado que la receptividad de los políticos se
acrecienta cuando sien ten la presión de la calle y que man tener el pulso de la movilización durante ese periodo, ceteris paribus, es un objetivo factible.

No es que esa potencial receptividad por parte de una parte de la clase política sea sinónimo de éxito sustantivo, pero al menos sirve para poner en la agenda política temas de discusión que, a pesar de preocupar a un sector considerable de la ciudadanía, son soslayados por carecer de agentes políticos dispuestos a llevarlos a los foros representativos, que son, también (abstracción hecha del mandato imperativo en el se no de los partidos políticos), foros de debate. 

Asistimos, pues, a una insatisfacción ciudadana creciente con la gestión política de la crisis económica que, en un lapso de tiempo relativamente
breve, se ve convocada a las urnas y cortejada por unos partidos que tienen como capital legitimatorio los votos de los electores. 

Hay, habrá, partidos que cortejarán el movimiento e intentarán incorporar a sus programas sus difusas reivindicaciones, como muestra el caso de las propuestas de modificación de la ley electoral y la política impositiva de las grandes fortunas y de los bancos lanzadas en verano por el candidato socialista. 

La pregunta es: ¿las habría hecho ese candidato sin la presión en la calle de los indignados?; ¿es o
no es entonces una consecuencia del movimiento el hecho de que los programas para las elecciones del 20-N de partidos políticos como el PSOE o IU se estén elaborando con un ojo puesto en el pálpito de la calle ex pre sado por el movimiento?

Son varios, pues, los impactos del movimiento en su corto periodo de vida. Ha conseguido colocar en la agenda política temas que antes no lo estaban; ha influido en los sectores políticos más progresistas, así como en sus electorados; las movilizaciones llevadas a cabo hasta la fecha han servido, están sirviendo, de espacio de socialización política para cantidad de jóvenes.

Ahora de lo que se trata es de avan zar un paso más y traducir la in fluencia en éxitos sustantivos, porque eso es lo que inspira y da sentido a cualquier experiencia de movilización en la calle.

Autor: Jesús Casquete
Fuente: El viejo topo

1 comentario:

  1. Estoy de acuerdo con lo que se dice acerca de que "están sirviendo, de espacio de socialización política para cantidad de jóvenes" y de ahora de lo que se trata es de "avanzar un paso más". Desde mi punto de vista sería hacer cosas que ni el Gobierno ni los mercados quieren o ni saben hacer: reforzaría el voluntariado y las empresas sociales.
    Un saludo

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