La austeridad impuesta por la UE no es la solución para la crisis


Desde el comienzo de la crisis financiera, y de forma especialmente destacable en la respuesta europea a la crisis de la deuda griega, el foco principal se centraba en el tamaño del déficit fiscal del país, que el gobierno anterior había intentado subestimar, y el déficit se atribuyó a un excesivo gasto público (aunque el gasto está cerca de la media de la UE, pero la base fiscal era muy reducida).

No se hizo mención alguna a la estrecha relación entre el déficit exterior de Grecia -o los déficits exteriores de España y Portugal cuando la crisis ya amenazaba con extenderse- y los superávits generados en el norte de Europa, en particular por Alemania.

Dado que el déficit de los países periféricos de Europa había sido financiado en gran medida por los bancos del norte de Europa, y los de Alemania y Francia detentaban alrededor de 500 mil millones de dólares en préstamos pendientes de pago en cada país, estos países también estaban profundamente involucrados en la crisis a través de la exposición de sus sistemas bancarios.

Una vez que la crisis en Grecia llegó a su punto álgido en el mes de abril, hubo un período prolongado en el que los gobiernos de la zona euro no dieron ninguna respuesta adecuada. Como consecuencia de este retraso se intensificó la especulación contra los bonos del Estado griego, contra las acciones de los bancos y, lo más crítico, contra el euro.

En última instancia, fue la amenaza al euro la que impulsó a los miembros más recalcitrantes de la eurozona a aceptar la necesidad de responder y ponerse de acuerdo para prestar ayuda a Grecia y, cuando resultó insuficiente, crear finalmente el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera por un importe de 440 mil millones de euros.

Sin embargo, el efecto de la demora influyó notablemente para que se creara una atmósfera de crisis y las condiciones para que Grecia, España y Portugal se vieran obligadas a adoptar importantes recortes en los salarios y el gasto público.

Poco después, los grandes países europeos comenzaron, uno por uno, a anunciar a su vez importantes programas de reducción de su gasto fiscal. De esta manera – y a diferencia de los trabajadores de EE.UU- mientras que muchos trabajadores de la zona del euro estuvieron relativamente protegidos del impacto de la crisis financiera y la posterior crisis económica, la crisis de la deuda de mayo del 2010 significó un punto de inflexión decisivo.

Un segundo aspecto inquietante de la crisis de la deuda es la participación del FMI. Ante la insistencia de Alemania, y en contra de las objeciones iniciales del BCE, el FMI asumió parte de la financiación del crédito de 110 mil millones de euros para Grecia, y desempeña un papel clave en la vigilancia del cumplimiento de Grecia de las condiciones que condicionaban el préstamo.

Cuando algunos Estados miembros de la UE, como Hungría y Letonia, que no son miembros de la zona euro, se vieron afectadas por el impacto de la crisis en 2008 ya no tenían ninguna otra defensa posible y fueron obligadas por la UE a dirigirse al FMI en busca de apoyo y, a pesar de que la UE asumió parte de la financiación, dichos países se vieron obligados a someterse a las demandas tradicionales del FMI en lo que a la estricta austeridad fiscal se refiere.

De hecho, las condiciones resultaron tan pesadas que en julio de 2010 el gobierno húngaro rompió conversaciones con el FMI sobre la renovación de la ayuda.

En todo caso, con Grecia, el FMI participa, por primera vez, en el establecimiento de condiciones para las políticas económicas que se imponen a un miembro de la zona euro.

Un área distinta de preocupación tiene que ver con las propuestas de reforma de la regulación financiera. En el apogeo de la crisis financiera se aceptó de forma mayoritaria que debían introducirse cambios importantes en la misma.

En el curso de las reformas del año pasado se han propuesto o aprobado en la UE, en los EE.UU. y, a nivel internacional, a través del Banco Internacional de Pagos, nuevas propuestas para los requisitos que deben cumplir los bancos, y que se conocen como Basilea III.

En las tres jurisdicciones los bancos desplegaron importantes operaciones de presión en su contra- con un éxito considerable. Las medidas que se han planteado finalmente son muy modestas, pero llama la atención que las introducidas en la zona del euro son aún más débiles que las que se han puesto en marcha en los EE.UU.

En la eurozona, las propuestas de un nuevo marco de supervisión para las instituciones financieras se propusieron por primera vez en el año 2009, y se aprobaron finalmente en septiembre de 2010. Implican la creación de varios órganos colegiados para coordinar una supervisión prudencial. El Espacio Europeo de Riesgo Sistémico, presidido por el jefe del BCE y con sede en Frankfurt, será responsable de monitorizar los riesgos financieros a nivel macro.

El Sistema Europeo de Supervisores Financieros constará de tres nuevas autoridades, formadas por representantes de cada autoridad nacional, para coordinar la supervisión a nivel micro: la Autoridad Bancaria Europea (con sede en Londres), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en París) y la Autoridad Europea de Pensiones Ocupacionales y Seguros (en Frankfurt). En septiembre del 2010 se hicieron también propuestas de regulación del mercado de derivados y las ventas en corto.

Las características principales son que debía informarse de todas las operaciones a un repositorio central con autoridad para suspender la venta a corto (una condición introducida de forma unilateral por Alemania en mayo 2010), y los agentes de derivados debían utilizar una cámara de compensación, aunque finalmente se cedió ante la presión de las grandes compañías y se establecieron exenciones. Por último, en octubre del 2010, los ministros de Finanzas de la UE acordaron finalmente un conjunto de regulaciones para los fondos de cobertura muy débiles y de muy poca entidad.

La Ley de los EE.UU. Dodd-Frank Wall Street y de Protección al Consumidor que fue aprobada por el Congreso, en junio del 2010, también fue considerablemente diluida en un intento desesperado por ganar el apoyo del partido republicano.

Sus características principales son dar responsabilidad a la Reserva Federal para la supervisión de todas las instituciones financieras de importancia sistémica y la creación de un Consejo de Riesgo Sistémico, presidido por el Secretario del Tesoro:
  • Restricciones sobre el negocio bancario por cuenta propia (la llamada ‘Regla Volcker’)
  • La creación de una Oficina de Protección Financiera al Consumidor; poner las agencias de cualificación bajo supervisión de la Securities and Exchange Commission (SEC)
  • El requisito de que los fondos de cobertura de más de 150 millones dólares se registren en la SEC
  • Restricciones a las operaciones de derivados de los bancos, que tendrán que llevarse a cabo por filiales capitalizadas por separado
  • Disposiciones para la liquidación de instituciones financieras en quiebra, para eliminar accionistas, despido de los ejecutivos y pago a los acreedores por parte del gobierno, pero recuperando su coste del sector financiero.
Las reformas europeas son mucho más débiles que las ya muy moderadas de EE.UU. en varios aspectos importantes. El Espacio Europeo de Riesgo Sistémico, a diferencia del Consejo de Riesgo Sistémico de los EE.UU., no tendrá poderes vinculantes, y tampoco los tendrán los tres organismos de supervisión, salvo en el caso de que se declarara una emergencia, y aun así serían muy restringidos.

En segundo lugar, los bancos europeos no estarán obligados a introducir ninguna separación entre sus actividades bancarias comerciales y las de inversión, y por lo tanto no sufrirán ninguna restricción sus actividades especulativas (“operaciones por cuenta propia”).

En tercer lugar, el acuerdo sobre regulación de los fondos de cobertura no incluye la administración por la nueva Autoridad Europea de Valores y Mercados de la forma que prevé la ley Dodd-Frank para la Securities and Exchange Commission en los EE.UU..

En cuarto lugar, las propuestas europeas para el control de las agencias de calificación crediticia son extremadamente vagas: consisten en promover mayor competencia entre las mismas, y someterlas a una supervisión más centralizada.

Por último, la UE no ha establecido ningún mecanismo claro para actuar frente a los grandes bancos de importancia sistémica en peligro de quiebra; por el contrario, se discute cómo el uso de los llamados bonos convertibles que automáticamente se convierten en acciones en caso de crisis, podrían proporcionar capital adicional para los bancos que tuvieran que hacer frente a la insolvencia. Los partidarios de las medidas de la UE argumentan que representan un paso hacia una mayor cooperación europea.

Pero la banca en Europa – como en los EE.UU. – está ahora mucho más concentrada que antes de la crisis. Los bancos que han sobrevivido se benefician, de hecho, de enormes subsidios, ya que puede pedir prestado muy barato al BCE e invertir en una variedad de activos financieros, incluidos los bonos gubernamentales que proporcionan un beneficio garantizado.

Mientras tanto, adoptan posiciones agresivas en los mercados de valores y derivados perfectamente conscientes de que, en ausencia de una política seria para hacer frente a las instituciones que son “demasiado grandes para quebrar”, el Estado se verá obligado a intervenir y apoyarlos en caso de pérdidas importantes.

Las nuevas directrices internacionales de la banca, conocidas como Basilea III se acordaron en septiembre de 2010, después de casi un año de discusiones. Se trata de un intento de obligar a los bancos para que sean menos vulnerable frente a la quiebra, pero constituyen de hecho una versión considerablemente edulcorada de las propuestas iniciales, ya que los grupos de presión bancarios argumentaron con éxito que éstas serían un freno al crecimiento económico.

Las nuevas directrices incluyen un incremento de las reservas de capital que los bancos deben mantener hasta un 7% de los activos ponderados por riesgo: la reserva básica se eleva del 2% al 4,5%, y un nuevo paquete, que se construirá durante los períodos de prosperidad, exige un 2,5% adicional. Las directrices también incluyen el requisito de que los bancos mantengan una mayor proporción de activos líquidos, algo que resultó ser muy controvertido. 

Sin embargo, debido principalmente a la presión de las autoridades europeas, estas medidas se irán estableciendo progresivamente a lo largo de un período que se extiende hasta 2018 – periodo durante el cual pueden producirse distintas crisis. Todo el enfoque es en gran medida una ampliación de las directrices anteriores conocidas como Basilea II, y que fueron seriamente desacreditadas por la crisis. 

La dependencia en los requerimientos mínimos de capital ha conducido a arbitrajes reguladores, con negocios que se desplazan a instituciones financieras no reguladas; además, permiten que los bancos más importantes utilicen sofisticados modelos para evaluar su propio riesgo, como se hizo en Basilea II, lo cual les proporciona una gran ventaja – por no mencionar el hecho de que los grandes bancos han demostrado claramente su incapacidad para evaluar los riesgos de forma fiable.

El poder del sector financiero no se ha reducido en manera alguna por la crisis financiera, ni se verá seriamente coartado por las recientes reformas de la UE o las directrices internacionales conocidas como la nueva Basilea III . 

Muchos grandes bancos han anunciado de nuevo beneficios importantes en el último año y su capacidad de manipulación para contrarrestar las autoridades democráticamente responsables se demostró ampliamente con las posiciones especulativas acumuladas en la crisis griega, tanto en contra de la deuda pública como del euro. 

Aunque desacreditado por la crisis, se ha reforzado el sistema de regulación prudencial basado en los requisitos mínimos de capital y las reformas mínimas realizadas en el mismo poco pueden hacer para proteger contra nuevas crisis en el futuro.

El pacto de Estabilidad no puede hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos

La Comisión Europea ha admitido que la crisis y la recesión posterior han acabado con todos los avances en el empleo que se habían logrado desde el cambio de siglo, es decir, durante la vigencia de la ‘Agenda de Lisboa “, que se suponía iba a transformar y dinamizar la economía de la UE mediante la integración impulsada por el mercado, a través de la desregulación de las empresas en general y de las finanzas en particular, y de las llamadas “reformas estructurales” en el mercado de trabajo que típicamente debilitan la posición de los peor pagados y de los trabajadores en situación más vulnerable. 

De ello se deduce que las repetidas afirmaciones de la Comisión en el sentido de que la Estrategia de Lisboa fue un éxito, en realidad, carecían de todo fundamento – las mejoras efímeras en el empleo que se consiguieron no reflejan, en su mayor parte, ningún mejor funcionamiento de la economía sino un acceso más fácil al crédito por parte de las economías más débiles, con el apoyo de puntos de vista poco realistas por parte de prestatarios y prestamistas, y del funcionamiento de la eurozona y su capacidad para hacer frente a los desequilibrios de manera indolora. 

Por supuesto, en algunas economías, estos puntos de vista irreales tomaron la forma de burbujas de precios de los activos, prometiendo grandes ganancias de capital para los prestatarios al tiempo que ofrecían avales sólidos para los prestamistas.

De hecho, los líderes europeos fueron en gran medida los responsables de estos desequilibrios. No tomaron medidas, ni llegaron siquiera a considerar la necesidad de tomarlas, para controlar las crecientes disparidades en la zona del euro. El único esfuerzo de coordinación macroeconómica consiste en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que, al margen de su tendencia a promover políticas presupuestarias excesivamente restrictivas, no entraba para nada en corregir la ampliación de los desequilibrios. 

El fracaso global de estas políticas no impide que la Comisión Europea exija su continuidad. En su agenda para la nueva década (Europa 2020), la Comisión requiere que se reanude de manera casi inmediata la misma postura restrictiva que ha frenado el desarrollo económico durante más de veinte años:

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento brinda el marco adecuado para poner en práctica las estrategias fiscales restrictivas y los Estados miembros deben establecer dichas estrategias en sus programas de estabilidad y convergencia. Para la mayoría de países, el inicio de la consolidación fiscal deberá producirse en el año 2011. El proceso de conducir los déficits fiscales por debajo del 3% del PIB deberá completarse, como norma, en el 2013.

No dan ninguna justificación para este programa temporal y la fecha límite de 2013 es completamente arbitraria. Con el déficit global del Sector Público de la UE en el 7,2% del PIB en 2010 (6,6% en la zona del euro), la propuesta es totalmente inviable. No tiene ningún sentido contemplar la deuda del Sector Público en el marco del Pacto de Estabilidad, que ha quedado claramente demostrado que es disfuncional. Como se ha señalado anteriormente, algunas de las economías más afectadas por la crisis, como las de España e Irlanda, tenía superávit presupuestario en el año 2007. 

El déficit presupuestario es consecuencia de la crisis, no su causa. Por lo tanto la sustitución, en muchos de los discursos oficiales, de la reducción del gasto público para la reafirmación del control social sobre las finanzas como elemento clave para la recuperación, oculta las principales cuestiones económicas y políticas.

Una propuesta totalmente inaceptable es la regla que prohíbe que el gasto público crezca más rápidamente que el PIB. Esto excluiría cualquier movimiento de otros Estados miembros hacia el modelo social escandinavo de elevado gasto público, a pesar de que se reconoce ampliamente que dichos modelos sociales consiguen combinar buenos resultados económicos con altos niveles de protección social y menor desigualdad que el resto de Europa . En general, dicha regla también impide que los países incrementen la inversión pública para atender las necesidades que consideren importantes.

Las actuales políticas macroeconómicas de la UE tienen el objetivo de reafirmar las restricciones presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el de recuperar el empleo con un crecimiento económico más rápido y reducir los grandes desequilibrios entre los Estados miembros, especialmente entre los de la eurozona . Estos objetivos son, sin embargo, incompatibles: implican un gasto totalmente inverosímil de los hogares y las empresas. Si se intenta llevar a cabo la consolidación presupuestaria en la escala recomendada, la economía de la UE se verá empujada hacia la recesión, con niveles de paro más altos todavía. 

Las “políticas de oferta” no crean puestos de trabajo

La crisis económica ha supuesto un reto importante para el empleo en la Estrategia Europea de Empleo (EEE), que recoge las principales prioridades y directrices establecidas a nivel de la UE para las políticas de empleo de los Estados miembros de la UE. 

Debido a su enfoque en las políticas de oferta y las medidas de flexibilidad laboral orientada hacia el desempleo estructural, la Estrategia Europea de Empleo y sus directrices en política de empleo para el período 2008-2010 han sido incapaces de enfrentar el aumento del desempleo cíclico, es decir, despidos masivos y una fuerte caída de la demanda de mano de obra. 

Debido a ello, desde 2008 se produjo un intento de limitar las pérdidas de empleo y su impacto sobre la demanda agregada que generaba malestar social mediante un cambio de sentido en la política laboral en la mayoría de los estados miembros de la UE. Esta nueva prioridad de la política laboral, que consistía en el mantenimiento del empleo, se convirtió en el objetivo primordial de los gobiernos para prevenir que la recesión se convirtiera en depresión.

Dada la profundización de la crisis en 2008, se evitó la pérdida de un número considerable de puestos de trabajo mediante una combinación de iniciativas macroeconómicas, industriales y de mercado de trabajo. 

Prácticamente todos los Estados miembro de la UE adoptaron políticas fiscales y de crédito expansivas, , mientras muchos gobiernos proporcionaban al mismo tiempo ayuda temporal a los sectores desproporcionadamente afectados por la crisis (por ejemplo, la industria del automóvil y el transporte aéreo), infringiendo la normativacomunitaria de competencia. 

En el ámbito de la política del mercado de trabajo el nuevo elemento fue la aplicación de la flexibilidad interna y planes de mantenimiento del puesto de trabajo (trabajo a tiempo parcial, despidos temporales, reparto del trabajo): estas reducciones que implican tanto el tiempo de trabajo como los salarios – compensadas en parte porsubsidios del Estado – a cambio del mantenimiento del empleo. 

Algunos países de la UE también reforzaron sus “amortiguadores sociales” aumentando las prestaciones por desempleo o los niveles del salario mínimo (Bulgaria, Rumania) o ampliando el tiempo previsto desuspensión temporal de empleo (Bélgica).Todas estas iniciativas a nivel nacional se legitimaron en el ámbito de la UE y se propagaron desde el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2008), y por decisión del Consejo Europeo sobre prioridades de política económica para hacer frente a la crisis deempleo. 

El Consejo Europeo de marzo del 2009 reconoció la importancia de prevenir y limitar las pérdidas de empleo, y permitir que los sistemas de protección social cumplieran con su papel de estabilizadores automáticos. El Consejo Europeo de junio del 2009 aprobó laspropuestas de la Comisión Europea sobre nuevas prioridades en política laboral, incluyendo por primera vez el mantenimiento del empleo. 

Este corto ‘paréntesis keynesiano’ fue llevado apresuradamente a su fin en el ámbito de la UE con el aumento de la deuda soberana y el inicio de la crisis de la deuda, primero en Grecia y después en otros países la zona euro. Entre finales de 2009 y la aprobación del informe estratégico Europa 2020, el ECOFIN y el Consejo Europeo impulsaron un gradual retorno al orden neoliberal, principalmente a través de la reactivación del Pacto de Estabilidad. 

Este regreso se organiza a través de una estrategia coordinada de terminar con la ‘ayuda temporal del estado relacionada con la crisis’ (estímulos fiscales, apoyo al desempleo a corto plazo,planes de apoyo al sector, acceso a apoyo financiero, apoyo al sector financiero) y una reversión total de las prioridades de la política económica. 

Las nuevas prioridades a corto y medio plazo de la UE son: (a) consolidación presupuestaria y reducción del déficit para cumplir con los requisitos del Pacto de Estabilidad (b) contención de la evolución de lossalarios y los costes laborales para combatir los desequilibrios externos (mejora de la competitividad) y (c ) una vigilancia más estricta a nivel de la UE de las políticas económicas de los Estados miembros. 

Como incluso el FMI ha llegado a advertir, la adopción simultánea de políticas restrictivas en toda Europa supone un riesgo de conducir la economía hacia una recesión o, como mínimo, a un período de bajo crecimiento que exacerbará la crisis del empleo. Al mismo tiempo, el giro en la política supone un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores y al Estado del Bienestar en toda la UE, orquestado y coordinado a nivel de la UE.No sólo el empleo y los derechos de los trabajadores se verán afectados por el cambio en la política económica, sino también por la reinterpretación de la Estrategia Europea de Empleo en la Europa 2020.

Una breve conclusión

Después de la dura intensificación de la crisis en otoño del 2008, solo el hecho de que los bancos centrales inyectaran liquidez sin precedentes en las principales economías pudo evitar el colapso financiero y mitigar la recesión mundial, que sin embargo ha sido la más profunda y extensa desde la Segunda Guerra Mundial. 

También se relajaron las políticaspresupuestarias en diversos países, pero el cambio fue en la mayoría de casos muy pequeño– el estímulo significativo que tuvieron en Estados Unidos y en el RU no fue equiparado en Alemania o en la eurozona como un todo.A pesar de las respuesta de política económica, es evidente que lo que viene a continuación no es una recuperación (ni siquiera parcial) pues lo más probable es que se traduzca en una segunda recesión y un aumento del desempleo.

La tesis defendida en Europa 2020 es por lo tanto totalmente inadecuada para la lucha contra el desempleo. No consigue proponer una combinación adecuada de políticas macroeconómicas, industriales, de empleo y sociales, ni un medio eficaz para la coordinación de esas políticas a nivel europeo. Por el contrario, aboga por medidas de carácter socialmente regresivo que tendrán un impacto especialmente grave en los Estados miembros más agobiados por déficit fiscales y deudas importantes.

Autor: DRY Economía

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