Carta a los partidos politicos. Desahucios y dación en pago.


En los últimos años, bancos y cajas, con la complicidad de la administración, han practicado la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios a personas desempleadas, con contratos temporales, y un largo etc.

El alquiler era escaso y caro, y sin embargo todo eran facilidades para hipotecarse.

En muchos casos se financió hasta el 120% del valor de la viviendas, con periodos que iban hasta los 50 años, cláusulas de difícil comprensión o directamente abusivas como la cláusula suelo, avales cruzados… Estos elementos, entre otros, constituyen claros indicios de fraude y estafa generalizada.

Ahora, con el estallido de la crisis y el aumento del desempleo, miles de familias han llegado a una situación límite y ya no pueden continuar pagando la hipoteca. Cuando esto ocurre, descubren que no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: el banco interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que concluye con la subasta del inmueble.

En el contexto de crisis en el que nos encontramos, las subastas quedan desiertas. En ese caso, con la ley vigente, la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 60% del valor de tasación y continúa reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y las costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante embargos de nómina, embargos a avalistas, etc.

Esta situación no es anecdótica: según se desprende de los datos del Consejo General del Poder Judicial, afecta a más de 350.000 familias que entre 2008 y 2010, pudiendo llegar a ser de 500.00 familias al finalizar 2012.

Todas ellas, se han quedado y se quedarán en la calle y con una deuda de cien, doscientos y hasta trescientos mil euros que no podrán pagar en lo que les reste de vida.

Es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todos los riesgos y responsabilidades recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias de nuestros impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad.

Por todo ello, te agradecería que presentaras en todos los ayuntamientos, donde su partido tiene representación, una moción relativa a la prevención de los desahucios con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales* de las personas afectadas por la hipoteca.
*(derechos fundamentales recogidos en el Artículo 47 de la Constitución y el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Reino de España es signatario: el derecho a la vivienda)

En esa moción habría que considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

-Mediar, ante la judicatura, para establecer una moratoria en los desahucios. Ninguna familia en la calle mientras existan miles de pisos vacios, en su gran mayoría en manos de las entidades financieras.

-Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.

-Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales para, entre otros, que ninguna familia más sea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Por el contrario, exigir que los servicios sociales colaboren siempre para pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.

-No poner ni un solo agente Municipal más, ni Policía Nacional, donde así se haga, a disposición de las órdenes de desahucio.

-Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, desde una recarga del IBI hasta la expropiación temporal de su uso.

-Interpelar a las entidades financieras que operan en pueblos y ciudades para exigirles la paralización de los procedimientos sobre desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras.

-Solicitar, al Congreso de los Diputados, la regulación de la dación en pago, donde también se contemple la condonación de la deuda que mantengan las familias como consecuencia de una ejecución hipotecaria.

Y en general, exigir a los consistorios de pueblos y ciudades que no se resignen a ser meros espectadores pasivos en la prevención de desahucios y se decidan a ser pueblos y ciudades Libres de Desahucios: el gobierno de un pueblo, una ciudad debe defender a sus habitantes de la flagrante vulneración de derechos fundamentales que suponen los desahucios por motivos económicos, agravados por las actuales e injustas leyes como la hipotecaria y la de enjuiciamiento civil españolas.

Estoy convencido de que la modificación de las mencionadas leyes, para que sean más justas y no sólo beneficien a los que más tienen, no sólo beneficiarán a los hipotecados, sino que beneficiarán a toda la sociedad en su conjunto. Sin casa y con una deuda de por vida empujarán a miles de familias por el precipicio de la exclusión social y de la clandestinidad financiera.

Las familias, ante la posibilidad de que una entidad financiera les embargue la nómina, intentarán cobrar en negro, vivir en la economía sumergida y declarar lo mínimo.

Aprobar estas medidas implicaría liberar recursos, reactivar el consumo y aumentar la recaudación fiscal. Además, estas medidas, contribuirías a evitar una nueva burbuja inmobiliaria en el futuro, ya que actuarían como un mecanismo de control y racionalización del crédito.

SÓLO HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA.

La Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25. ¡Conózcalo!

¿Por qué el Artículo 25 es importante?

ARTÍCULO 25. – 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.30

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.31

30. El nivel adecuado de vida puede ser alcanzado por mérito propio o con ayuda de la asistencia social. Este es un tema bastante nuevo, pero que hoy en día no es totalmente respetado.

O sea, éste menciona que las personas tienen por ejemplo derechos a un seguro en caso de viudez, pero no es tan así; porque en caso de que el viudo sea un hombre, no se le pasa una pensión aunque su esposa haya trabajado toda su vida.

O el caso de las obras sociales como IOMA, que permiten que un hombre tenga a su cargo cuando es socio en la mutual a su esposa e hijos, mientras que si la que es socio es la mujer, ella no puede tener a su cargo a su marido, sólo a sus hijos.

31. Lo bueno de esta parte del artículo, es que es un derecho que sí se ha ido profundizando a lo largo de los años. Cada vez hay más planes materno – infantiles, programas de lactancia, guarderías públicas; además del de por sí revolucionario paso de la aceptación de hijos bastardos, nacidos fuera de matrimonio, quizá aumentados por las nuevas modas de formar familia sin casarse.

El Reino de España es signatario de la Declaración de los Derechos Humanos.

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